Se trata de la extinción de dominio que las autoridades les aplicaron a dos locales comerciales ante haberse logrado identificar que eran utilizados para la receptación y manipulación de equipos móviles de comunicación celular.
En cerca de $40 millones de pesos están avaluado los dos inmuebles comerciales intervenidos por la ley, a los cuales dentro de procesos investigativos se realizó la recolección de acervo probatorio en el cual se demostró su injerencia directa en el flagelo del hurto de teléfonos celulares en Neiva.
Los dos locales comerciales fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ente quien determinará su administración y demás acciones que estime la ley.
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