La manifestación se hará este lunes en la capital del país donde se espera la presencia de unas 7.000 personas.

A mediados de agosto, la senadora Esmeralda Hernández radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que pretende revertir la excepción consagrada en la ley 84 de 1989, que no cataloga como conducta cruel las peleas de gallo.

Según la congresista, este tipo de prácticas deben ser prohibidas no solo por el sufrimiento de los animales sino también porque no existe un control eficiente de la aplicación de requisitos básicos para su realización.

Por lo anterior, el gremio que reúne a los galleros del país manifestó su preocupación porque de ser aprobado representaría un golpe económico toda vez que, según ellos, no les están ofreciendo otras alternativas de ingresos.

“El mayor porcentaje de las personas que trabajan en esto de la gallística, son personas de estrato 1 y 2, que tienen más de 40 años. La vida laboral en Colombia es muy difícil, ¿quién los va a contratar? Nosotros, en aras de que nuestra actividad siga, estamos dispuestos regular muchos aspectos, pero es necesario conversar”, indicó Campo Elías Manotas, presidente de la Federación Nacional de la Gallística en Colombia, Fenagaco.

Por eso, la federación anunció que este lunes 10 de octubre marcharán por las principales calles de Bogotá. El recorrido partirá desde el monumento los héroes caídos, desde las 8:00 de la mañana, y terminará en la Plaza de Bolívar, donde se realizará una masiva concentración.

“Necesitamos ser escuchados por el Congreso. Sentimos que está usando información de Facebook y de redes sociales para construir un imaginario errado sobre los galleros y no está teniendo en cuenta la realidad económica que nos rodea. Con diálogo podemos construir”, expuso Hugo García, miembro de la federación.

De acuerdo con el gremio, las peleas de gallo logran movilizar más de $4 billones anuales para la economía del país. Además, se estima que más de 180 mil personas serían desplazadas a condiciones de pobreza en caso de que se prohíba esta actividad.

Además, los galleros del país dicen que también están cansados de la senadora Andrea Padilla, de quien consideran hace política con las culturas tradicionales del país y, a su juicio, quiere convertir a todos los colombianos en vegetarianos.

A juicio de los galleros, ellos también tienen derechos económicos que deben ser respetados y que la congresista no ha tenido en cuenta que miles de familias viven de esa actividad en todo el país. Además, indican que la prohibición solo llevaría a aumentar la ilegalidad y que se hagan las peleas sin control alguno.

Las pelas de gallo

La senadora Esmeralda Hernández describió el proceso por el que pasan estos animales para ser usados en las peleas.

“En el proceso de preparación del gallo para la pelea se les mutila la cresta y la barbilla para evitar que el oponente pueda sujetarlo con facilidad. Esto lo hacen cuando el animal tiene entre cuatro y seis meses de edad”.

Agregó que luego se les instalan objetos cortopunzantes como picos postizos y espuelas en sus patas para lacerar y cortar al otro gallo que participa en la pelea. Esto les genera heridas profundas y muy dolorosas, pérdida de sus ojos e incluso la muerte.

“Muchas veces los gallos son drogados para garantizar mayor agresividad y rendimiento en la pelea. Esta es una práctica ilegal y aumenta la exposición al sufrimiento y el dolor de los animales que participan en el espectáculo”, apuntó la congresista.

No obstante, desde la Federación Colombiana de Criaderos de Gallos aseguran que no puede hablarse de prohibición porque aumentará el número de peleas clandestinas.

Además, la Federación indica que estos animales son criados de la mejor manera para que hagan sus peleas, su alimentación es “excelente y tenemos pasión por su crianza”.

Este proyecto va de la mano con uno radicado por el representante Juan Carlos Losada que “prohíbe el desarrollo de las actividades de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros y suelta de vaquillas, festivales cómicos taurinos y de aficionados prácticos, así como los procedimientos utilizados en estos espectáculos, tanto en el ámbito público como en el privado”.

De esta forma, al ser expedida la ley, el Gobierno tendría un plazo de seis meses para garantizar programas efectivos de “reconversión económica” para aquellas personas cuyos ingresos principales se deriven de dichas actividades.

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