De acuerdo con el testimonio del capo ante la JEP, son varios los vínculos de este grupo ilegal con líderes departamentales y funcionarios que han pasado por el Congreso de la República.
A mediados de mayo se conocieron algunas revelaciones que Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, le había hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- antes de confirmarse su extradición hacia Estados Unidos. Allí, mencionó nombres como el del general Mario Montoya; el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Luis Pérez Gutiérrez, y el actual senador Miguel Ángel Pinto, con quien tuvo supuestos vínculos con este y otros dirigentes regionales y altos mandos militares.
Sumado a eso, Otoniel en medio de su ‘ventilador’ indicó presuntos nexos con otros alcaldes, gobernadores, diputados en municipios del país y con empresas privadas que, según su relato, hacían aportes económicos a cambio de seguridad en zonas de difícil acceso y controladas por otros grupos armados ilegales.
De acuerdo con el relato conocido por El Espectador, Úsuga David indicó las maniobras que realizaban para que sus aliados fueran elegidos en cargos de elección popular, incluyendo el Congreso de la República. Incluso, detalló que en zonas como Casanare se reunieron varias veces con concejales y diputados. Sin embargo, aclaró que no conoció al abatido Matamba, pese a sus intenciones de integrar el Clan del Golfo.
En el testimonio, el ahora extraditado habló de un supuesto vínculo del grupo armado con un directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, así como aportes que recibieron de la empresa Ecopetrol. De acuerdo con el medio citado, la petrolera le daba al grupo aportes mensuales de 75 millones de pesos a cambio de prestar seguridad en dos pozos de ese mismo departamento. Asimismo, reveló que supuestamente había viajado con ellos y que, incluso, él podía usar aquellas aeronaves para mover miembros de la banda.
La compañía, por su parte, negó rotundamente tales afirmaciones del narcotraficante.
Otoniel también contó su versión sobre el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y su incursión en los Llanos Orientales después de 1997 con el liderazgo de Vicente Castaño y bajo el aval de, según él, el esmeraldero Víctor Carranza, a quien mencionó durante su audiencia ante el tribunal de paz. El motivo de la toma de paramilitares era porque había “mucha guerrilla” y por ello llegaron, en primera instancia, 90 hombres en compañía de la fuerza pública. Aquel grupo de las AUC llegó a tener más de 5.000 integrantes.
Ese mismo año fue cuando ocurrió la masacre de Mapiripán -Meta-, concretamente entre el 15 y 20 de julio: casi 50 personas fueron acribilladas por estos agentes paraestatales en colaboración con el Ejército. Además, Úsuga David señaló la colaboración que hubo entre la Brigada 17 del Ejército, ubicada en Carepa -Antioquia- en el momento en que él estaba en el Urabá, apuntando la influencia que tenía Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, con los altos mandos de la guarnición. También dijo que una vez se reunió con el ahora condenado coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
Dichas ‘verdades’ cantadas por Otoniel quedaron a medias, pues con su extradición a Estados Unidos ya no se podrá escuchar más al líder del Clan del Golfo. Ese es el reclamo de víctimas del capo, como la Fundación Forjando Futuros, cuyo director lamentó que “la extradición de Otoniel sirve a empresarios, políticos, miembros de la Policía y el Ejército que estaban en la nómina del Clan del Golfo. perjudica a las víctimas para la verdad y su reparación”.
Ahora las huellas que dejó Úsuga quedan en poder de la justicia. Sin embargo, las pesquisas de la Fiscalía son una incógnita. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha hecho lo propio abriendo indagaciones contra varios funcionarios mencionados por él en la JEP y que habrían ayudado a perpetuar la violencia en el país durante los últimos 30 años.