Incluso se registraron problemas de conexión con los líderes de las personas afectadas por el conflicto en Colombia

Dentro de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en el Congreso del país sesionaron desde la virtualidad y escucharon a los representantes de las víctimas desde sus viviendas, pese a que ya se puede legislar en la presencialidad, detalle que algunos de estos líderes consideraron como un desaire.

En el informativo de televisión Noticias Uno consultaron con el legislativo, donde les señalaron que el salón en el que se iba a llevar a cabo el evento lo están reparando, y que no se trataba de desinterés por esta población que ha sufrido directamente las consecuencias del conflicto.

“Esta sesión en el Congreso debe hacerse de manera presencial”, reprochó una de las representantes de víctimas durante la plenaria que se llevó a cabo el sábado.

En ese noticiero también señalaron que hubo una serie de problemas de conexión, por lo que no escucharon como correspondía a estas personas.

Entre tanto, en la revista Semana explicaron que el Salón Elíptico, donde se tenía programado realizar este evento, estaba siendo adecuado para ubicar a los representantes de las 16 Curules de Paz, según les señalaron desde el Legislativo.

En ese medio indicaron también que las víctimas esperaban que se habilitara otro de los salones del Congreso para ese evento, y por eso su molestia.

Pese al señalado desdén de despedida por parte del actual Congreso, los representantes de las víctimas reiteraron su demanda de que el gobierno Nacional cumpla con los compromisos que adquirieron con ellos en el proceso de paz y protección para los líderes sociales que casi a diario están siendo asesinados en las regiones.

“A cinco años de la firma del acuerdo de paz se han reconfigurado discursos y prácticas guerreristas que sirven de conflicto para la exacerbación de la violencia en los territorios”, dijo Martha Soto, una de las representantes de las víctimas que tuvo que hablar desde la virtualidad.

En medio de la sesión habló una de la representante de los familiares de las víctimas de los mal llamados falsos positivos, civiles asesinados por miembros del Ejército Nacional que hicieron pasar como guerrilleros abatidos en combate, quien aseguró que todavía hay que reconocer de esta deleznable práctica criminal desde los mismos agentes del Estado.

“No es justo que esto se quede ahí porque son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y es ese llamado a ustedes para que, por favor, de alguna manera no permitan que estos casos se queden en el olvido”, afirmó una de las madres de los jóvenes de Soacha que fueron ultimados por militares corruptos.

Una de las voces del Gobierno Nacional en esta conmemoración fue la del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila.

“Oímos las víctimas en sus planes de retorno, en las reparaciones colectivas, cuando atendemos los planes de desarrollo con enfoque territorial como pilar de la reconciliación. En estas tres modalidades no solamente llegamos a las comunidades, sino que las transformamos en la forma como ellos han señalada que quieren que se desarrolle su comunidad”, indicó.

El consejero indicó que desde el Gobierno trabajan para que: “No solamente se solucionen los temas que los victimizaron, sino brindarles las condiciones que nos han pedido para que nunca vuelvan a ocurrir y puedan desarrollar su vida de ahora en adelante”.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia alcanza las 100 mil víctimas; 80.631 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2020, y 99.235 de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Se estima además que en el país hay 17.947 niños y niñas reclutados por la fuerza, 15.886 abusados sexualmente (9.250.453 personas exactamente), que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Cifras dispares y ninguna exacta, pues la probabilidad de que exista un subregistro es alta, dado el riesgo que supone para las familias, investigar o denunciar, además de la falta de diligencia de las instituciones encargadas de adelantar las investigaciones.

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