La Fiscalía remitió el caso del general retirado después de que la Jurisdicción Especial para la Paz aceptara la solicitud de sometimiento de Santoyo ante el tribunal
La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que remitirá el caso que se adelanta contra el general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El procesado es conocido por haber sido el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante 2002 y 2005 y se le acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
El ente investigador explicó que los elementos de prueba y las evidencias obtenidas en contra del exoficial también serán trasladadas a la JEP. La entidad tendrá que asumir “las actuaciones judiciales que sean de su competencia”, aseguró la Fiscalía en un comunicado de prensa.
La remisión del caso se da después de que el 7 de septiembre de 2021, la Jurisdicción aceptara la solicitud de sometimiento de Santoyo al Sistema Transicional. De hecho, la JEP publicó en ese momento la resolución en la que el general (r) afirma que suministró información a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mientras era miembro activo de la Policía Nacional y directo del Gaula de Medellín entre 1999 y 2009.
“Según lo expuesto, se advierte entonces que el señor Santoyo Velasco participó de manera activa en la alianza que existió entre las AUC y miembros de la fuerza pública — se lee en el documento publicado por la JEP —. En el marco de esta, suministró información a este grupo armado ilegal recibiendo como contraprestación una suma de dinero”.
La Fiscalía señala que durante ese tiempo Santoyo constituyó un patrimonio de 6.193′415.576 de pesos que, en parte, “sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas”. El ente investigador también obtuvo evidencia de que, supuestamente, el exjefe de seguridad “recibió dineros para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública”, agregó.
Cabe recordar que el general (r) hizo parte de la Policía nacional durante 30 años, de donde se retiró en junio de 2009. La Fiscalía General de la Nación señala que, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín, con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.
Con respecto a su extradición, Santoyo fue condenado en 2012 a 13 años de cárcel en Estados Unidos y al pago de una multa de 125.000 dólares por mantener vínculos con paramilitares y colaborar con narcotraficantes. Pena que cumplió hasta el 2019, cuando regresó al país, pero a su llegada al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, fue capturado por las autoridades colombianas.
El 26 de abril de 2019, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento al general (r) Santoyo como autor de los delitos anteriormente mencionados, medida que le fue notificada y ejecutada el 29 de abril de 2019, el día que llegó de Estados Unidos.
El 24 de marzo de 2021, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación, en el marco de la Ley 600 de 2000, contra el general en retiro. El funcionario dejó en firme la medida de aseguramiento que tenía Santoyo, consistente en detención preventiva. “Estas determinaciones fueron confirmadas por el despacho de la vicefiscal General de la Nación, que negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa”, expuso el ente investigador.
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