Las trampas mortales elaboradas de manera artesanal serían sembradas en medio de los cultivos ilícitos que hay al sur del Meta, el departamento del Guaviare y el Caquetá.

Los artefactos explosivos instalados en caminos, ejes viales, fuentes hídricas y demás áreas por donde transita la población como integrantes de la Fuerza Pública, pondrían gravemente en riesgo sus vidas.

En el registro militar de área, se hallaron 254 artefactos explosivos improvisados en contenedores de PVC con un peso de un kilo cada uno y sistema activación eléctrico, 13 artefactos explosivos improvisados direccionales en contenedores metálicos, reforzados con clavos de tres pulgadas y sistema activación eléctrico.

De igual manera, 30 contenedores metálicos para artefactos explosivos improvisados, 12 contenedores plásticos de 55 galones, dos artefactos explosivos improvisados en contenedor metálico de forma cilíndrica de 40 libras, dos contenedores de 55 galones con eslabones, cinco contenedores plásticos de capacidad de cinco galones, dos contenedores metálicos y 80 galones aproximadamente de ACPM.

El otro material localizado en el taller fueron 300 metros de cable dúplex, 100 metros de cable cobre, 40 flash para cámara fotográfica profesional, 40 varillas, 13 alarmas vehiculares, 12 tubos galvanizados, 10 tubos PVC, 10 láminas de hierro, cuatro espoletas de granada, tres baterías y una planta eléctrica.

El empleo de este tipo de armas constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y está tipificado como delito en el Código Penal Colombiano, artículo 142: utilización de medios y métodos de guerra ilícitos.

De igual manera vulnera el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra e infringe los Derechos Humanos de todos los colombianos.

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