La investigación de un periodista en un medio reveló el contrato que habría adjudicado el exmandatario en el departamento. La Contraloría lo investiga.

Gran revuelo ha despertado la investigación sobre presuntos casos de corrupción en la administración de Carlos Amaya como gobernador de Boyacá desde el año 2015. El periodista Yohir Akerman hizo una columna en la revista Cambio y comentó los detalles que, según él, involucran al miembro de la Coalición Centro Esperanza en la actualidad.

Según Akerman, se perdieron un total de 4.500 millones de pesos en la gestión de Amaya por corrupción. Una fundación de Lorica, Córdoba, se habría ganado un millonario contrato de servicios de educación en la capital boyacense, Tunja.

En la columna, el periodista asegura que se creó un cartel de alumnos de la tercera edad y fantasmas que ahora rondan los pasillos de la Contraloría.

El 21 de marzo de 2017, la Gobernación de Boyacá suscribió con la fundación servicios y obras sociales S.O.S un contrato de prestación de servicios de alfabetización llamado: “Educación de adultos y jóvenes del departamento de Boyacá”.

Para Akerman poca lógica o sentido tiene la contratación de una empresa basada y registrada en Córdoba para ejecutar un contrato de educación en Boyacá. De ahí el interés por la investigación. Todo empezó con el noviazgo que surgió en 2016 entre el exgobernador de Boyacá por el Partido Verde Carlos Amaya, y la exseñorita Córdoba Daniela Assis Fierro, persona que habría hecho las conexiones para el ingreso de esta entidad a la región.

El polémico contrato coincidencialmente surgió también en 2016 y se trata de un Proceso de Responsabilidad Fiscal por detrimento patrimonial superior a los 4.300 millones de pesos. Amaya le otorgó este proyecto a la mencionada fundación, pese a los hechos de corrupción que tiene en su haber.

El contrato estaba estipulado por 6.000 millones de pesos; sin embargo, hubo detalles extraños que no cuadraban. En primer lugar, la dirección que registraba de la entidad, pues según Akerman su ubicación es un apartamento residencial en Lorica.

Ante las denuncias por las irregularidades en su implementación, la Contraloría abrió el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 2018-00134, donde ha encontrado evidencias de un detrimento patrimonial por la suma de 4.371.680.198 pesos e irregularidades en el 66 % o dos terceras partes de toda la plata. 

Las principales sospechas tiene que ver con los múltiples pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación S.O.S, del que no existe soporte alguno.

Además, esta entidadreportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido y hubo 132 alumnos con números de identificación falsos, pues no se encontraron los datos en la Registraduría. 

Finalmente, entre 2016 y 2017, se hicieron pagos en Lorica, Córdoba, de cosas que no tienen nada que ver con la ejecución del contrato educativo. Por ejemplo, compras con tarjetas de crédito por 51.042.571 pesos y el pago de un crédito personal por 81.950.340 pesos.

Hay varias personas capturadas por estos contratos como Pedro Llanos, representante legal de la Fundación SOS, quien fue retenido en 2017, al estar involucrado en otro caso de alumnos fantasmas en el municipio de Lorica. 

También el alcalde de dicho municipio, Francisco José ‘Pachy’ Jattin, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Al respecto, el propio Amaya publicó un tuit en respuesta a esta columna publicada por el periodista y aseguró que la investigación fue archivada: “El proceso al que se hace referencia ya me lo archivaron y fui desvinculado mediante auto de la CGR debido a que se demostró que no existieron alumnos fantasmas ni corrupción”.

A lo que Akerman le respondió: “Esto no es cierto. Al señor Carlos Amaya lo desvinculan del proceso fiscal pero no del proceso penal que sigue su curso ante la Fiscalía. Ese proceso incluye el caso de falsificación de firmas por parte del contratista para obtener pago de cuentas parciales dentro del contrato”.

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