Así lo notificó la Contraloría General de la república a través de una certificación que confirma que el municipio durante 2024 uso solo el 59% de sus ingresos corrientes de libre destinación cumpliendo así con lo exigido por la Ley 617 del 2000.

El incumplimiento de gastos establecidos a los entes territoriales mediante la ley 617 de 2.000, ocasionó que Neiva bajara un escalafón, pasando de municipio de primera a segunda categoría. Un plan de mejoramiento de ingresos corrientes de libre destinación y un plan de ajuste fiscal, permitió pasar de unos gastos dejados por Gorky Muñoz Calderón de 65% a 59,67%.

Y es que para estar en primera categoría un municipio de 100.000 a 500.000 habitantes debe tener ingresos que superen los 100.000 a 400.000 salarios mínimos y mantener sus gastos por debajo del 65% de sus ingresos.

En el ultimo año de la administración de Gorky Muñoz Calderón, los gastos de funcionamiento superaron los $110.000 millones de pesos, superando el 67,17%, causando la descategorización del municipio bajándolo a segunda categoría reduciendo la autonomía administrativa, ocasionando restricciones en el acceso a recursos del Gobierno Nacional y un mayor grado de supervisión por parte de los entes de control.

Ante este panorama la administración trabajó en un plan de saneamiento fiscal consistente en:

•             Reducción de gastos de funcionamiento mediante control en la contratación y optimización del gasto público.

                •             Incremento de los ingresos a través de estrategias fiscales, ampliación de la base tributaria y actualización del Estatuto Tributario (Acuerdo 013 de 2024).

                •             Reestructuración administrativa apoyada en estudios técnicos y financieros.

                •             Fortalecimiento del cobro coactivo y fiscalización tributaria.

Gracias a estas aficiones neiva logró:

•             Reducir el gasto de funcionamiento al 59,67 % de los ICLD (por debajo del límite legal), con una ejecución de $106.851 millones.

                •             Aumentar los ingresos corrientes de libre destinación a $179.069 millones.

                •             Reducir el déficit fiscal a $38.093 millones, lo que representa una mejora superior a $50 mil millones.

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