La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Neiva, Rodrigo Armando Lara Sánchez (2016 – 2019), y otros cuatro funcionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para determinar el reforzamiento estructural y las causas del colapso de las graderías del estadio Guillermo Plazas Alcid, por $245.520.000 

Fernando Mauricio Iglesias – Oficina de Contratación

Los otros funcionarios citados a juicio disciplinario son el Jefe de la Oficina de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias Gaona; la Secretaria de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez; la Secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque Guzmán, y el asesor del alcalde, Vladimir Salazar Arévalo. 

Diana Paola Solaque – Secretaría de Infraestructura

De acuerdo con la investigación disciplinaria, la alcaldía habría suscrito el contrato de manera directa con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, a pesar de que el objeto y alcance del mismo hacía necesario, aparentemente, que se realizara un concurso público de méritos para escoger al contratista.


Liliana María Ocampo Martínez –
Secretaria de Deportes

Por esos hechos los funcionarios presuntamente vulneraron los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, al aceptar, aparentemente, la oferta de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS antes de la publicación de los estudios previos por parte de la alcaldía. 

Por los hechos materia de investigación disciplinaria, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los funcionarios como una falta grave cometida con culpa gravísima.

Según el jefe de contratación Fernando Mauricio Iglesias, el contrato al cual hace referencia la procuraduría es el realizado con la firma Ingeniería Estructurales Sismicas s.a.s. donde se contrató un perito por prestación de servicios y dicho contrato surgió en virtud de un proceso de incumplimiento que se adelantó para poder declarar la caducidad del Estadio y ahí se decretó ese dictamen pericial, «por lo tanto para dictar ese dictamen judicial toca contratar un perito y para contratar un perito toca realizarce en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales, porque asi lo determina la ley. La procuraduría inició la investigación aduciendo que porque se hizo directo y no por licitación? por eso explicaremos al procurador delegado las razones jurídicas y probatorias que tiene el municipio de Neiva para haber tomado esa decisión» Argumentó el funcionario.

Fotos: la nacion – Alcaldia neiva.

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