De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los posibles abusadores eran un primo, un vecino y un conductor de servicio público, quienes fueron imputados según su posible responsabilidad individual por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneos y sucesivos, acto sexual violento.
Primo, presunto abusador Un hombre fue judicializado porque, al parecer, abusó sexualmente de sus dos primos de 7 y 8 años de edad. Los hechos se registraron entre enero de 2022 y febrero del presente años, en zona rural del municipio de Colombia (Huila). De acuerdo con las investigaciones adelantadas, se evidenció que, mediante engaños, el hoy procesado aprovechaba los momentos en los padres de los menores se iban a trabajar y mediante engaños invitaba a las víctimas a su casa, para brindarles alimentos, se presume, que en esos momentos los sometía a todo tipo de vejámenes sexuales.
Vecino de la familia Por su parte, en el corregimiento de La Ulloa del municipio de Rivera (Huila), un hombre identificado como Ricaute Garzón Camargo, de 42 años, al parecer, abusó de un niño de 6 años. Según el material probatorio, los hechos ocurrieron en octubre y noviembre de 2023, cuando el imputado, habría sometido al niño a situaciones de índole sexual en la habitación donde dormía. Los ataques ocurrieron cuando la mamá del menor salía en horas de la mañana a trabajar.
Conductor de servicio público habría abusado de una menor de 17 años Por los hechos ocurridos en diciembre de 2023, William Castro Perdomo, de 45 años es investigado por su presunta responsabilidad en el abuso sexual contra una adolescente de 17 años de edad. El judicializado que conducía un bus de transporte público, al parecer, aprovechó la ausencia de los pasajeros y se salió de la ruta, llevando a la víctima hasta una zona alejada, y oscura y le realizó tocamientos inapropiados dentro del bus.
Los procesados fueron detenidos en cumplimiento a las órdenes judiciales que pesaban en su contra, en labores coordinadas por el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI), componente Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional.
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