A través del Auto 082 de 2026, la Corte ordenó suspender los efectos del Decreto Legislativo 1390 de 2025 “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, al considerar necesario evitar posibles impactos irreversibles mientras se evalúa si la declaratoria de emergencia se ajusta o no a la Constitución.
La decisión fue adoptada por mayoría de votación de la Sala Plena con votos 6-2. Cabe resaltar que, la suspensión se mantendrá vigente hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo.
Este decreto reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés y es tal vez el más importante porque es el que cobra los impuestos al amparo de la emergencia económica, como, por ejemplo, del IVA al 19 % de los licores y el impuesto al patrimonio.
Sobre esto, la Sala Plena también deberá resolver algo que no es menor, y es el impedimento que radicó en las últimas horas de la magistrada Paola Meneses aludiendo un posible conflicto de interés porque su esposo trabaja en Ecopetrol.
En su escrito dirigido a la Sala Plena, la magistrada explicó que su decisión de apartarse del estudio del caso obedece a la posible configuración de la causal de impedimento consistente en “tener interés en la decisión”. Esto, debido a que su esposo, Luis Fernando Lozano, se desempeña como Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol, cargo desde el cual asesora jurídicamente a la empresa, incluyendo la evaluación de los impactos derivados de tributos como los creados por el Decreto 1474.
El alto tribunal deberá definir de fondo este decreto de la emergencia económica declarado por el gobierno Petro en diciembre del año pasado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
Mediante comunicado, el presidente Petro dice que vendrán consecuencias
El presidente Gustavo Petro lamentó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 que declaró la Emergencia Económica y Social.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.
El jefe de Estado, sin embargo, agregó en su mensaje que “en el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”.
En otro post, el mandatario dejó claro que la decisión de la Corte Constitucional no tiene carácter retroactivo y, en este sentido, explicó que “se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”.
La decisión del tribunal constitucional se dio por seis votos a favor de suspender el decreto contra dos magistrados que no estaban de acuerdo.
Esta votación le dio vía libre a la ponencia del magistrado Carlos Camargo que pidió suspender la norma mientras la Sala Plena de la corporación se pronuncia de fondo.
País en riesgo
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su profunda preocupación por la decisión de la Corte Constitucional y recordó que esta medida de excepción fue adoptada para enfrentar una situación fiscal y financiera crítica que compromete la capacidad del Estado para cumplir con obligaciones constitucionales fundamentales.
“El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita. No es justo ni responsable que, en medio de una crisis, se impida que quienes más tienen aporten más”, manifestó el ministro.
Comentó que la suspensión del decreto limita gravemente las herramientas del Gobierno nacional para actuar de manera oportuna frente a la coyuntura económica y tiene efectos directos sobre la estabilidad del país. Al impedir la adopción de medidas extraordinarias de recaudo, se reducen los recursos destinados a programas sociales, inversión pública y cumplimiento de obligaciones esenciales del Estado, afectando de manera directa a las clases populares.
Explicó que la decisión se produce en un contexto en el que el país enfrenta no solo un déficit fiscal estructural, sino también un elevado nivel de riesgo que impacta directamente la capacidad de pago de la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
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