El país vive una de sus peores épocas de barbarie por cuenta de masacres, asesinato de líderes y cuerpos desmembrados y embolsados. La violencia se trasladó de las zonas rurales a las grandes urbes, pero ahora no hay una indignación colectiva, como en otros tiempos.
Los números son los siguientes: en 27 días del nuevo gobierno han asesinado 10 líderes sociales, ocurrieron 13 masacres y aparecieron más de ocho cuerpos desmembrados en el corazón de las principales ciudades del país. Todo un récord penoso que sitúa nuevamente al país en una espiral de violencia que parece haberse trasladado de las zonas rurales a las urbanas. Hoy los muertos en Colombia aparecen casi al pie de las alcaldías, gobernaciones y hasta del mismo Congreso de la República.
Toda esta ola violenta apenas ha sido rechazada tibiamente por fundaciones y organizaciones sociales que hasta el pasado 7 de agosto convocaban marchas, generaban etiquetas en redes sociales y acudían a la comunidad internacional por hechos igualmente graves a los ocurridos durante estos últimos 27 días. Su silencio deja entrever que sus voces de rechazo –muy válidas– estaban más ligadas a cuestiones políticas que solidarias.
Solo hasta esta semana, cuando ya Indepaz reportaba la masacre número 11 durante este nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro se pronunció y aseguró que le ordenó al ministro de Defensa “garantizar la protección de la vida de los colombianos en todo el territorio. Colombia no puede ser el país de las masacres, esa historia de sangre debe quedar atrás”.
El congresista Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles de Colombia Humana, partido de gobierno, no dudó en sacar el espejo retrovisor para culpar de todo lo ocurrido durante este tiempo al expresidente Iván Duque y al uribismo en general. “El uribismo, que mal gobernó años, quiere culpar por masacres a Petro, que lleva 22 días como presidente. Esa es la herencia del gobierno Duque. Descarados”.
Pero, de vuelta a los números, desde hace un mes en Colombia asesinan a un líder social cada dos días y medio, cada 34 horas hay una masacre y aproximadamente cada 3.600 minutos aparece un cuerpo sin cabeza, desmembrado y en bolsas en cualquier parque principal del país. Ya no se habla de una simple delincuencia común sino de una injerencia directa de estructuras extranjeras. Hoy, el país parece calcar prácticas de barbarie de carteles mexicanos.
¿Qué está pasando? Una de las hipótesis que toma mayor fuerza es que al país se lo están tomando grupos delincuenciales urbanos y mucho de lo ocurrido es una estrategia de terror para hacerse con el control criminal de sectores no acostumbrados a estos umbrales de violencia. No es un hecho aislado que en el conteo de masacres Bogotá sea la única ciudad que registra dos hechos de esta magnitud en menos de 15 días.
El analista de seguridad Rodrigo Sánchez cree que la violencia ha tomado fuerza estos primeros días de gobierno por “la ausencia de 22 oficiales de carrera que manejaban temas sensibles o altamente especializados, como la seguridad ciudadana, la inteligencia policial, la investigación criminal, la lucha antinarcóticos, la administración policial, la jefatura de talento humano, o los problemas rurales y ambientales”.
Según Sánchez, entre las consecuencias organizacionales de este retiro masivo de altos mandos se destacan la pérdida de información valiosa y de muchas experiencias relevantes, más la evaporación de asuntos de especial interés que estaban en cabeza de los oficiales retirados.
¿Quiénes eran?
Sus nombres ya reposan en la lista anual de líderes asesinados, aunque aún nadie se haya tomado el trabajo de realizar murales o exponerlos en el Congreso de la República como en meses anteriores. Son diez los líderes asesinados. Ferdi Leandro Tapias y Úber Eliécer Tapias eran hermanos y presidían la junta de acción comunal de una vereda de Ituango, Antioquia. Los mataron el 7 de agosto porque su trabajo incomodaba al grupo armado Clan del Golfo. Lo mismo ocurrió con Élmer Lenín Guerra y Luis Fernando Cuesta, asesinados días después en Remedios y Apartadó, en ese mismo departamento.
lmer fue secuestrado el 18 de agosto junto con su esposa, Yuliana Galeano Luján, quien es la secretaria de la junta de acción comunal de la vereda El Carmen de Remedios. Ambos cayeron en un retén ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; a ella le perdonaron la vida, pero a él lo asesinaron para enviar un mensaje a la comunidad. En Antioquia, que ha sido el epicentro de esta nueva escalada violenta en Colombia, han ocurrido siete masacres.
Un total de 22 personas fueron asesinadas en esos hechos y hay poblaciones totalmente confinadas bajo el yugo del Clan del Golfo. Y como si eso fuera poco, en Medellín y el Valle de Aburrá han aparecido 19 cadáveres en bolsas negras durante 2022, muchos de ellos decapitados.
Los otros líderes asesinados recientemente son el profesor Édgar Rodríguez Corredor, en Cúcuta; Marito Jusayu Ipuana, en Uriana, La Guajira; Carlos Alberto Rincón Silva, en Puerto Wilches, Santander; Élmer Castañeda, en Dosquebradas, Risaralda; Adriana del Rocío Guerrero, en Cumbal, Nariño, y Néiver Pertuz en Remolino, Magdalena.
Masacres y decapitados
Las cifras de masacres en Colombia son difíciles de proyectar, porque cada vez que se tiene un dato preciso ocurre una nueva. Mientras se escribía este informe y se tenía el dato oficial de 13 asesinatos colectivos durante el gobierno de Gustavo Petro, ocho policías fueron acribillados en Huila, en la tarde del viernes. Ahora no son 13; tristemente el número subió a 14.
Sin duda, contando el caso más reciente de los policías, las masacres más llamativas ocurrieron en Bogotá, donde fueron asesinadas siete personas en dos hechos casi calcados. El primero sacudió a la capital del país cuando se encontraron los cuerpos de cuatro personas en el interior de un vehículo. Las víctimas: Juan Carlos Useche, expolicía, Leidy Betancourt, Leonardo Sanabria y José Zabala. La segunda fue aún más macabra: tres cuerpos envueltos en bolsas negras aparecieron en el barrio El Amparo.
Esta práctica de embalar los cuerpos no es exclusiva de Bogotá en estos días sangrientos. En Buga y Cali, Valle, hallaron restos humanos en iguales condiciones. En la primera ciudad, por ejemplo, el cuerpo pertenecía a un solo hombre, pero sus partes fueron encontradas en varios puntos del municipio. En Cali, los restos, desmembrados, de dos jovencitas aparecieron en una alcantarilla.
Además, en una puerta del barrio Desepaz tiraron una cabeza humana en una bolsa negra. Todo esto ocurrió la misma semana de las masacres en Bogotá y paralelo al asesinato de líderes sociales en diferentes lugares de Colombia.
Por aquellos días, el 28 de agosto, asesinaron a tres hombres en Barranquilla.Se llamaban Jorge Eliécer Aguilar Quintero, Carlos Julio Suárez Solano y Ángel Mesías Alejandro. Los balearon en una casa. La primera víctima era un vendedor de comidas en la zona donde ocurrieron los hechos, vivía con sus cinco hijos en el barrio Las Nieves. Carlos Julio Suárez era un vendedor de café y Ángel Mesías era taxista.
Este hecho ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo, en la avenida 9 con calle 0, muy cerca de la terminal de transporte de Cúcuta. Las víctimas estaban frente a un taller de mecánica.
Ese mismo día ocurrió algo similar, pero en Buga. A Fernando Leal Martínez, Beatriz Amanda Giraldo y Gustavo Giraldo los mataron dentro de su casa. La gran apuesta del Gobierno nacional a mediano plazo para poner fin de una vez por todas a estos fenómenos de criminalidad es la llamada paz total, que no es otra cosa que entablar diálogos con las organizaciones ilegales con miras a que se acojan a la justicia a cambio de condiciones especiales de reclusión y judicialización.
La escalada violenta golpea la puerta de las grandes urbes mientras se hace más fuerte en la Colombia profunda. Un derramamiento de sangre que no ha trascendido mediáticamente. Y si las historias de quienes han muerto no son suficientes para conmover a todo un país, quizá las cifras crudas logren ponerle voces a este silencio colectivo: 67 muertos entre masacres, líderes sociales y cuerpos embolsados.
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