En una extensa lectura llevada a cabo por parte de la procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento en Neiva, se dieron a conocer los detalles de la investigación realizada por las presuntas irregularidades cometidas por los administradores públicos durante la época de la emergencia del covid 19 en Neiva.
Contratos con objetivo de elaborar campañas para la prevención del covid-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones, la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones, con presuntos sobrecostos, Con irregularidades en la planeación para la atención integral a los habitantes de la calle, y la firma del contrato antes de que se radicaran los estudios previos, y el contratista seleccionado no cumpliría los requisitos de capacidad y experiencia requeridos. Por otra parte los seleccionados para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría aparentemente no cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar esas actividades, y al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos, formaron parte de las irregularidades que habría encontrado la procuraduría para emitir el fallo en primera instancia.
Ante la decisión, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz calderón, mediante comunicado a la opinión pública, manifestó que ya interpuso el recurso de apelación y entre tanto seguirá ejerciendo como alcalde de la ciudad hasta que se produzca un nuevo pronunciamiento en segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, “La decisión adoptada por la Procuraduría Delegada corresponde a un fallo de primera instancia, y contra ella ya interpusimos recurso de apelación, para que el superior jerárquico estudie los argumentos presentados y adopte la decisión que en derecho corresponda. La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones, como Alcalde, tal cual como lo he venido haciendo desde el 1 de enero de 2020”. Expresó.
Para Muñoz, la valoración probatoria pasó por alto las implicaciones de la emergencia sanitaria y el marco legal presentado en la urgencia manifiesta avalado por la ley 80 de 1.993 de contratación. “aunque siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, sobre el fallo de primera instancia, debemos manifestar que, si bien acatamos las decisiones de las autoridades administrativas, no compartimos la valoración probatoria realizada por la delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la Pandemia derivada del Covid-19, la Emergencia Sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta”. Dice en el comunicado.
La sanción en primera instancia cobija a Gorky Muñoz alcalde de Neiva, al exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba, y los secretarios Camila Ortega y Armando Cabrera, fueron destituidos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por 10 años para el mandatario y 9 para los funcionarios, por la falta gravísima cometida en el manejo de los contratos.
El alcalde de Neiva también esta siendo investigado por estos temas en la Fiscalía general de la nación y en la contraloría general de la república, a la vez que se investiga posible enriquecimiento ilícito, por lo cual la Fiscalía ya ha realizado acciones de extinción de dominio en algunos inmuebles y negocios que estarían en cabeza de terceros y donde el mandatario al parecer ha tenido injerencia en esos negocios.
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