A través de la alerta temprana 043 de 2020 la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo en que se encuentra la población de Algeciras ante una inminente disputa por el control y dominio territorial debido a presencia y accionar de cuatro facciones de disidentes de la extinta guerrilla de las Farc-Ep en el municipio.
Según la entidad, el riesgo se cierne en las personas residentes en el municipio de Algeciras (Huila), cabecera municipal, y en los corregimientos de La Arcadia, El Toro y El Paraíso. A su interior, se focalizan en especial riesgo las comunidades que habitan las veredas Alto Cielo, Alto Roble, Altos de la Lejía, Altos Del Rio Neiva, Andes Altos, Andes Bajos, Andes Medios, Bajo Roble, Bella Vista, Buena Vista, Colón, El Bosque, El Espejo, El Kiosco, El Pedregal, El Pomo, El Puente, El Reflejo, El Silencio, El Toro, El Vergel, Ensillada Sector la Torre, Ipiales, La Arcadia, La Arenosa, La Argelia, La Cascajosa, La Danta, La Ensillada, La Esperanza, La Gruta, La Guadualeja, La Huecana, La Laguna, La Perdicita, La Perdiz, La Primavera, Lagunilla, Las Morras, Las Brisas, Las Damitas, Las Palmas, Las Perlas, Líbano Occidente, Líbano Oriente, Manzanares, Naranjos Altos, Naranjos Bajos, Palomono, Pando Roble, Paraíso Nuevo, Pueblo Viejo, Pinares, Quebradón Norte, Quebradón Sur, San Antonio, San José Alto, San José Bajo, San Pablo, Santa Clara Alta, Santa Clara Baja, Santa Lucia, Santuario, Satias, Termopilas, Tierra y Libertad, Villa Hermosa, Villa Nueva.
En especial situación de riesgo se encuentran también las personas que adelantan su proceso de reincorporación de manera dispersa, excombatientes de las FARC-EP con roles de liderazgo (algunos partícipes de antiguos ETCR), e integrantes del partido FARC que suscribieron el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final) de noviembre de 2016, así como líderes, lideresas sociales y comunales que defienden la implementación del citado Acuerdo.
Disputa del territorio
Como ha sido referido, el escenario de riesgo para el municipio de Algeciras se determina por la configuración de facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC-EP (Facciones disidentes autodenominadas Comisión Financiera de FARC- EP-Unidad Manuel Marulanda Vélez, Comisión del Frente 62, FARC-EP Segunda Marquetalia Columna Teófilo Forero – Unidad Óscar Mondragón y Columna Móvil Teófilo Forero FARC-EP) las cuales,
mediante el recrudecimiento de las normas de control poblacional y territorial, estarían fortaleciendo su accionar en zona urbana y rural del municipio.
Como patrón de la incursión de las facciones en comento, se encuentra las presiones y actos de sometimiento a líderes y lideresas sociales y comunales, así como las presiones y cooptación de la población excombatiente que adelanta su proceso de reincorporación dispersa. Lo anterior ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos fundamentales a la vida, la libertad, seguridad e integridad personal, y graves actos de violencia (prácticas selectivas y sistemáticas), que presume una estrategia expansiva y ofensiva de las facciones disidentes de las FARC-EP en el municipio focalizado.
Resultado del monitoreo realizado durante 2019 y lo corrido de 2020, este la Defensoría del Pueblo, identificó que en el sector de Turí, zona sur del municipio de Algeciras, contiguo y compartido con el municipio de Gigante, se incrementaron significativamente las extorsiones a pobladores, comerciantes, agricultores y Juntas de Acción Comunal.
Durante este periodo y en el área referida, se vieron transitar y pernoctar esporádicamente un grupo de personas armadas que se identificaron como FARC-EP simultáneamente como Frente 40 o 62), quienes habrían adoptado la práctica de citar en el sector de Turí a personas y comerciantes del municipio de Gigante.
Señala el informe que Constantemente, se observa el tránsito de pobladores desde la cabecera de Gigante hasta el sector referido, que se disponen a realizar el pago extorsiones al grupo armado, como a negociar montos o retribuciones.
Este grupo sería responsable de la muerte de dos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Guadalupe y Alto Cachaya del municipio de Gigante, hechos acaecidos en los meses de julio y agosto de 2019 respectivamente, y que fueron puestos en conocimiento de la Secretaría Técnica de la CIPRAT en el marco de la Alerta Nº 026-18 con los oficios de consumación del riesgo advertido de fechas 30 de julio de 2019 y 27 de agosto de 2019.
Es menester referir que, durante 2019, y como consecuencia de las operaciones de registro y control adelantadas por la Fuerza Pública (entre las que se encuentran allanamientos a viviendas y requisas), se efectuaron varias capturas en los departamentos de Caquetá y Huila, zonas centro y oriente del departamento, quienes serían los presuntos responsables de extorsiones, amenazas y asesinatos a nombre de las FARC-EP en los
municipios de Algeciras, Campoalegre y Gigante. Acorde con las autoridades, algunos de los detenidos serían integrantes de una presunta Comisión Financiera de las FARC–EP.
Si bien desde las capturas realizadas disminuyó la presencia y tránsito de este grupo por el sector de Turí, se conoce que los alias de algunos de sus cabecillas siguen siendo utilizados en varias zonas del municipio para fines extorsivos, la comisión de amenazas e intimaciones a los pobladores. Lo anterior, sin poder establecer con certeza si, la utilización y continuidad de las actividades extorsivas con dichos alias se suscribe a otros miembros de la citada Comisión, o, si por el contrario, dichos alias estarían siendo
capitalizados por diferentes grupos delictivos.
Igualmente, se pudo establecer el tránsito de un grupo armado autodenominado Frente 62 en el corregimiento de El Toro desde el mes de julio de 2019. En la Arcadia, durante el mes de septiembre de 2019, incursionó un grupo de personas armadas con prendas de uso privativo de la Fuerza Pública (sin que a la fecha se pueda establecer su autodenominación), quienes distribuyeron un escrito donde anunciaban su llegada y presencia permanente en la zona. Este panfleto informaba sobre la impartición de medidas restrictivas y anunciaba el inicio de una “limpieza” en la que figuran consumidores, distribuidores de droga, ladrones y cualquier persona que pueda alterar la tranquilidad, o, infringir las normas que de facto han sido impuestas por la estructura armada ilegal. También se otorgaron indicaciones en torno a la vinculación de los pobladores a las Juntas de Acción Comunal y su participación en toda reunión y/o actividad que refiera los arreglos de vías, lugares de uso común y además reuniones ordinarias que se programen.
Esta situación tuvo como consecuencia inmediata un cese a las actividades delictivas, por cuenta de la imposición de normas de conducta y actos de violencia selectiva contra poblaciones socialmente estigmatizadas, particularmente contra presuntos consumidores y distribuidores de drogas ilícitas. Como se observa a continuación, este tipo de sucesos daría cuenta de la intención de este grupo de agenciar directamente la comisión de actividades criminales relacionadas con el control de las economías del narcotráfico y otras economías ilícitas, esta vez, acompañadas de un nuevo repertorio de violencia que contempla los homicidios selectivos, presiones a líderes y lideresas sociales, servidoras y servidores públicos.
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