Desde la iniciativa Colombia Transparente indicaron que los jurados fueron motivados por la misma registraduría para cometer la irregularidad

Según denunciaron desde la iniciativa Colombia Transparente, cerca de 300.000 jurados de votación en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo sufragaron en dos ocasiones, una en la mesa en la que estaban llevando a cabo la veeduría y la otra en la que tenían inscrita la cédula.

En la emisora RCN Radio consultaron con el líder de esta organización, Sergio Alzate, quien aseguró que fue calculada la grave la corrupta actuación.

“Esto no fue espontáneo, los más de 600.000 jurados de votación de manera deliberada, premeditada y planificada por el registrador, pudieron votar dos veces, es así como más de 300.000 de ellos lo hicieron”, aseguró.

Según la veeduría que llevaron a cabo, se encontró que los designados para velar por los comicios del 13 de marzo habrían sufragado en las mesas donde estaban llevando a cabo su labor y en la mesa donde tenían inscrita la cédula.

“Se verifica con las actas que se contrastan con las resoluciones de nombramiento  en las que votan como jurados de votación en un puesto. Pero en este mismo sitio y en otra mesa, votan como ciudadanos”, agregó en la emisora.

Entre tanto en el informativo de televisión Noticias RCN indicaron que el material probatorio por esta señalada doble votación se sumará a una denuncia que se había instaurado ante la Fiscalía General de la Nación, donde ya habían iniciado dicho proceso en octubre del 2021.

Además, sostuvieron que el software que usaron en la Registraduría permitía el perfilamiento de los jurados para favorecer a personas cercanas al registrador Alexander Vega.

“En los jurados se encontró que el propio registrador nacional envió el perfil de los tipos de jurados que escogería para que congresistas y candidatos al Congreso, para que personas con esos perfiles fueran seleccionadas y que, a su vez, les favorecieron sus elecciones”, afirmó Alzate en ese noticiero.

Estos señalamientos se conocen precisamente cuando en la Procuraduría General de la Nación anunciaron una investigación disciplinaria a Vega por el resto de irregularidades que habrían ocurrido en las elecciones a Congreso.

La procuradora General Margarita Cabello Blanco indicó que esta decisión se tomó con base de las reiteradas quejas que han manifestado diferentes sectores ciudadanos y políticos, y de los análisis de información que ha venido adelantando el Ministerio Público, los cuales corresponden a las múltiples anomalías que se registraron en medio de los comicios legislativos.

“La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en las funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”, detalló la procuradora a través de un video.

Asimismo, indicó que el organismo de control abrió indagación preliminar a algunos funcionarios de Registraduría por las irregularidades que habrían ocurrido en los procesos de inscripción de cédulas o el traslado de los puestos de votación en el marco de la jornada electoral, en la que se definió entre polémicas la nueva conformación del Congreso y los candidatos únicos de las coaliciones políticas que disputarán la primera vuelta presidencial.

Por otra parte, aseguró que el equipo Élite del Ministerio Público, conformado por cuatro procuradores delegados, ya tomó las primeras decisiones con relación a las 1.600 quejas recibidas y 400 denuncias, determinando abrir 33 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades cometidas por parte de jurados de votación, compra de votos, constreñimiento al elector y errores en inscripción de cédulas.

La investigación de la Procuraduría busca determinar si se incurrió en “extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia, así como Irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses”.

Asimismo, el Ministerio Público busca identificar si existió una “omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales, así como el incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación

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